Empresas del Sistema Financiero no pueden cerrar cuentas bancarias de clientes por ser objeto de investigaciones fiscales aún en curso

Empresas del Sistema Financiero no pueden cerrar cuentas bancarias de clientes por ser objeto de investigaciones fiscales aún en curso

El Tribunal Constitucional ha declarado recientemente que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, cuando las entidades financieras cierren las cuentas bancarias de sus clientes por ser objeto de investigaciones fiscales aún en curso. Así se ha establecido en la STC Nº 02124-2017-PA/TC de fecha 7 de enero de 2021.

El caso:

El señor Maxs Deyvis Ayora Inoñán interpuso demanda contra el BBVA Banco Continental (Oficina Open Plaza), pues mantiene una relación laboral con una empresa, para lo cual se aperturó una cuenta en el referido Banco con la finalidad de que se deposite su remuneración; sin embargo, la entidad bancaria procedió al cierre de su cuenta de pago de haberes al amparo del Art. 85 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC) y del artículo 3 de la Circular 2197-2011 (Circular) emitida por el superintendente de la SBS y las cláusulas generales de contratación de unos contratos que no precisaron cuáles eran.

El demandante alegó la vulneración de sus derechos a la igualdad y a no ser discriminado, al debido proceso en su expresión de debida motivación, al honor y buena reputación y a la paz y tranquilidad.

El Banco contestó la demanda y señaló, entre otros argumentos, que tuvo conocimiento que el cliente estaba siendo investigado por el delito de lavados de activos por parte de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo, por lo que ello sustentó la decisión del cierre de la cuenta bancaria.

En primera instancia, el Sexto Juzgado Civil de Chiclayo declaró improcedente la demanda por considerar que el Banco actuó conforme al Art. 85 del CPDC y a la Circular B-2197-2011, teniendo en cuenta que el accionante viene siendo investigado por el delito de lavado de activos y, la Sala Superior confirmó la decisión.

El TC al analizar establece que:

  • Si bien el CPDC y la Circular B-2197-2011, establecen la resolución de contratos “por consideraciones del perfil del cliente vinculadas al sistema de prevención del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo”. Sin embargo, dicha prerrogativa no implica que, por el mero hecho de existir una investigación por el delito de lavado de activos contra sus clientes corresponda resolver los contratos suscritos con estos y, por ende, cerrar sus cuentas bancarias.
  • Se vulnera el derecho a la presunción de inocencia de los clientes, cuando se cierra una cuenta bancaria sin que exista una resolución judicial que establezca la responsabilidad penal del cliente y acredite que esté utilizando el sistema financiero para lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
  • No resulta razonable y proporcional expectorar del sistema financiero a una persona por ser objeto de investigaciones fiscales aún en curso, es decir, de quien no se sabe si ha cometido lavado de activos o financiación del terrorismo.

Es importante señalar que conforme al D.S 150-2007-EF, TUO de la Ley 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, el monto a partir del cual se deberá utilizar medios de pago es de S/. 3,500 o US$ 1,000. Además, conforme a la misma norma, también se deben utilizar los medios de pago cuando se entregue o devuelva montos de dinero por concepto de mutuos de dinero.

En ese sentido, el TC señaló que la medida adoptada por el Banco resultaba desproporcionada porque el cliente estaría impedido de que su deudor le devuelva, en una cuenta bancaria, el monto de dinero por concepto de mutuo dinerario o de realizar operaciones de comercio exterior, pues para eso requiere canalizarlas a través de empresas del sistema financiero o, peor aún, el empleador no podría depositar los haberes del trabajador, al no contar con una cuenta bancaria, donde realice los depósitos mensuales por concepto de remuneración.

Finalmente, el TC declaró fundada la demanda de amparo y dispuso que el Banco cumpla con la inmediata reactivación de la cuenta bancaria cerrada y permita al Sr. Ayora Inoñán el libre acceso a los servicios bancarios que brinda; además, de abstenerse de realizar nuevamente conductas similares a la desplegada.

Cabe indicar que en aplicación del principio iura novit curia, el TC consideró que existió una afectación del derecho de presunción de inocencia.