Criterio del TC sobre la facultad de fiscalizar e intervenir en el correo electrónico institucional

Expediente Nº 04386-2017-PA/TC

Criterio del TC sobre la facultad de fiscalizar e intervenir en el correo electrónico institucional

El Tribunal Constitucional (TC) mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 04386-2017-PA/TC y publicada el 1 de febrero del 2021, se ha pronunciado sobre el uso de los correos institucionales, dejando entre ver que el empleador no puede fiscalizar e intervenir en el correo electrónico institucional, para uso y sanción del trabajador porque ello supondría una violación del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, protegido por el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución.

Recordemos, que anteriormente el TC había señalado en la sentencia del expediente Nº 00943-2016-PA/TC, que el empleador se encuentra facultado para fiscalizar e intervenir en el correo electrónico institucional si es que previamente ha comunicado al trabajador tanto de la posibilidad de la monitorización de sus comunicaciones a través de este medio, así como de las condiciones de uso permitido por la empresa. Asimismo, estableció que se deben cumplir con ciertos criterios los cuales se encuentran relacionados con el respeto del principio de proporcionalidad entre el fin que se persigue lograr con dicha intervención y la intensidad de la eventual vulneración o amenaza de violación del derecho fundamental al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones.

Los hechos del caso (Exp. 04386-2017-PA/TC):

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura interpuso demanda de amparo contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura por supuestamente vulnerar el derecho al secreto de sus comunicaciones, libertad sindical y trabajo del señor Edward Antonio Muñoz Salazar, quien forma parte del Sindicato demandante.

En ese sentido, solicitaron la reposición del Sr. Muñoz en el cargo de asesor de finanzas empresariales y supervisor de seguridad y salud en el trabajo de la agencia Talara.

El caso llegó al TC quien se pronunció señalando que el registro del correo electrónico que sustentó y justificó el despido del demandante, constituye una prueba prohibida, por lo que su utilización en el procedimiento disciplinario de despido resulta inconstitucional, violatorio del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y, por ende, violatorio del derecho al trabajo.

Sin embargo, el TC no analizó si es que previamente el empleador había comunicado al trabajador tanto de la posibilidad de la monitorización de sus comunicaciones a través de este medio, así como de las condiciones de uso permitido por la empresa.

El TC tampoco realizó un examen de proporcionalidad entre el fin que se persigue lograr con dicha intervención y la intensidad de la eventual vulneración o amenaza de violación del derecho fundamental al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones; tal como se había establecido en el expediente Nº 00943-2016-PA/TC.